Los sindicatos anunciaron ayer que las modificaciones que el
Gobierno introducirá en la reforma de la protección por desempleo
incluirán siete de sus ocho principales reivindicaciones, lo que,
en opinión del ministro de Trabajo, supone un «ejercicio de
flexibilidad» del Ejecutivo. Eduardo Zaplana se reunió ayer con los
líderes de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y
luego con el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar.
El Gobierno restituirá la situación legal anterior a la reforma
de aspectos como los salarios de tramitación, la cobertura de los
trabajadores fijos discontinuos, la compatibilidad de cobro entre
prestación y subsidio, la definición de oferta adecuada de empleo y
las vacaciones no disfrutadas, entre otras cuestiones. No obstante,
Méndez afirmó que «hasta que no se restituyan todos los derechos,
mantendremos la discrepancia, lo que no es óbice para reconocer que
ha habido cambios fundamentales en algunos aspectos».
Méndez se refería así al subsidio agrario percibido por los
jornaleros de Andalucía y Extremadura y que no será restituido. De
acuerdo con los cambios explicados por Zaplana, el empresario
contará con 48 horas para consignar la indemnización por despido y
una vez superado este plazo la situación legal queda como estaba
antes de la reforma, con un solo matiz: será el empresario el que
abone íntegramente los salarios de tramitación.
Hasta ahora, el empresario pagaba sólo los dos primeros meses de
salario del trabajador, y el Ministerio de Justicia se hacía cargo
del resto, hasta que una sentencia judicial se pronunciaba sobre el
despido. Además, la indemnización que perciba el trabajador
despedido dejará de ser considerada como renta y se podrá
compatibilizar con el subsidio y con las aportaciones al convenio
especial con la Seguridad Social en los casos de
prejubilaciones.
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