Mariano Rajoy afirmó que el Gobierno debe ser cuidadoso con el juicio que haga sobre las resoluciones judiciales.

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La concesión del tercer grado penintenciario al etarra Ramón Gil Ostoaga por parte de la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, está provocando discrepancias en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que el miércoles, tras conocer el caso, decidió abrir una investigación sobre la citada concesión. Varios vocales del CGPJ expresaron ayer en la reunión del Pleno de la institución su discrepancia con la decisión del presidente, Francisco José Hernando, de iniciar las diligencias sin consultarles. Además, el vocal para el Pais Vasco, Juan Pablo González, consideró «injusto» que se cuestione la imparcialidad de la juez «por una cuestión puramente jurisdiccional».

Los vocales José Antonio Alonso, Javier Martínez Lázaro y Juan Pablo González, entre otros, intervinieron en el Pleno, antes de que comenzasen a debatirse los puntos previstos en el orden del día, para comentar que el presidente del CGPJ debió consultar con la Comisión Permanente su decisión o, al menos, advertirles de que iba a adoptarla. «Hubiera sido bueno que hubiese consultado antes a la Comisión Permanente, ya que el tema era importante, pero no parece que exigiera una gran urgencia», declaró Martínez Lázaro, otro de los vocales delegados para el País Vasco.

José Antonio Alonso explicó, por su parte, que no discuten la capacidad legal del presidente del Consejo para ordenar la apertura de una información previa sobre lo sucedido, pero entienden que debió avisar, al menos, a los miembros de la Comisión Permanente. Alonso señaló que los jueces en el País Vasco realizan una magnífica labor en condiciones de presión ambiental, por lo que quiso subrayar que la apertura de la información previa se hace con escrupuloso respeto a la independencia judicial. Así, explicó que las partes pueden recurrir la decisión y que será la Audiencia de Vizcaya la que resuelva finalmente.

El también vocal para Euskadi, Juan Pablo González, consideró «injusto» que se cuestione la imparcialidad de la juez de Vigilancia Penitenciaria y creyó «todavía más grave» que se ponga en entredicho la profesionalidad de los jueces vascos, «cuya labor es admirable». González recordó que Ruth Alonso lleva 10 años ejerciendo su trabajo al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, con competencia para toda Euskadi, y alabó «la gran experiencia que tiene». El vocal precisó que, para acceder a la libertad condicional, hacen falta tres requisitos: haber cumplido tres cuartas partes de la condena, tener buena conducta y, por último, estar en tercer grado.