La Fiscalía solicitó ayer al Tribunal Supremo que archive la
querella por prevaricación planteada por el Gobierno vasco contra
el juez Baltasar Garzón, por prohibir una manifestación que iba a
celebrarse el pasado 14 de septiembre en Bilbao tras la suspensión
de actividades de Batasuna, con el objetivo de «reivindicar los
derechos civiles y políticos de Euskal Herria». El fiscal cree que
el Ejecutivo vasco se ha erigido «en paladín de una causa ajena y
procesalmente perdida».
En un informe de 37 folios, la Fiscalía del Supremo destaca que
la decisión de Garzón fue «ajustada a derecho en su forma y
contenido», ya que aplicó la medida restrictiva de derechos
basándose en una «sospecha fundada, apoyada en datos objetivos»,
según la cual los promotores y portavoces de la manifestación eran
personas vinculadas al proyecto de ETA-Ekin y a Batasuna.
«El instructor, valorando correcta y ponderadamente la
concurrencia de los factores expuestos, decide aplicar la medida
restrictiva de derechos como último recurso, al apreciar
razonadamente la conexión de los sujetos afectados por la misma con
el delito objeto de investigación en el sumario 35/02-Y, sobre
integración en organización terrorista, concluyendo su
imprescindibilidad para asegurar la defensa del interés público»,
añade el informe fiscal.
Asimismo, recuerda que las sospechas sobre los organizadores de
la manifestación están basadas en «datos objetivos» facilitados al
juez por la Policía, cuya credibilidad, al menos inicialmente,
resulta incuestionable. La Fiscalía considera que el Gobierno vasco
«pudo haber planteado, con mejor criterio, un conflicto de
jurisdicción frente a la decisión del juez», pero ha usado
argumentos en la vía judicial elegida «que corresponderían a los
directamente perjudicados por aquella en el curso natural de la
discusión».
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