El presidente del PSC, Pasqual Maragall, presentó ayer la propuesta
de bases que su formación defiende para la reforma del Estatut de
Autonomia y que prevé, entre otros aspectos, la progresiva
equiparación de la financiación de Catalunya a las comunidades de
régimen foral. Además, plantea una definición de esta comunidad
como «nación» dentro de una España federal. Maragall, no quiso
polemizar con los puntos de divergencia respecto al texto de CiU,
para evitar un debate electoral.
Además el Estatut del PSC plantea la representación directa en
los órganos de la UE y mayores potestades en relaciones exteriores,
la división territorial en siete veguerías, la limitación de
mandatos para el presidente de la Generalitat, máximo representante
del Estado en Catalunya y que contaría con el mando de las fuerzas
de seguridad que operan en su territorio. El texto, presentado en
el Parlament ante una cincuentena de cargos electos socialistas y
miembros de la dirección del partido, recoge la definición de
Catalunya como «nación que forma parte de la España plural
reconocida por la Constitución» y establece su «voluntad de
profundizar en el carácter federal, plurinacional, pluricultural y
plurilingüístico del Estado español».
Este planteamiento supone uno de los principales puntos de
divergencia con el texto que defiende el candidato de CiU a la
presidencia de la Generalitat, Artur Mas, que apuesta por convertir
Catalunya en una «nación soberana voluntariamente asociada al
Estado español». El socialista destacó que la propuesta del PSC no
es «ni un techo mínimo ni un programa máximo», sino un conjunto de
aportaciones «asumibles por una amplia mayoría» de la Cámara
catalana.
El documento de bases establece también la limitación a dos
mandatos consecutivos del presidente de la Generalitat, que figura
como «máximo representante del Estado en Catalunya» y que «puede
designar un «conseller primer», delegándole permanentemente
funciones de dirección del Ejecutivo». La propuesta socialista
establece que la Generalitat deberá aportar «los medios adecuados»
para garantizar el «deber ciudadano de conocer las dos lenguas»
oficiales en Catalunya.
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