El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, anunció ayer que el
Ejecutivo central recurrirá por la vía contencioso-administrativa y
ante el Tribunal Constitucional «todos los planteamientos» del Plan
Ibarretxe «que pudieran desbordar el ámbito constitucional», si
llegara a tener efectos jurídicos. Zaplana manifestó la «oposición
más rotunda» del Gobierno desde el punto de vista político a la
propuesta de libre asociación que el lehendakari, Juan José
Ibarretxe, presentó ayer en el Parlamento vasco.
Zaplana, quien señaló que el Gobierno ha conocido «de forma
apresurada» la intervención del lehendakari, aseguró que la
pretensión del plan «es un imposible jurídico tanto en España como
en Europa» y agregó que se confirma que es una propuesta
«claramente secesionista». Insistió en que de momento sólo puede
haber una respuesta política por parte del Gobierno, ya que la
contestación judicial se hará en el momento que la iniciativa tenga
efectos jurídicos mediante recursos por la vía
contencioso-administrativa y ante el TC, «dos vías que son
absolutamente suficientes».
Respecto a la propuesta de abrir un proceso negociador con el
Estado sobre el nuevo Estatuto, Zaplana dijo que el Gobierno «no
puede negociar nada que desborde el ámbito constitucional» y
aseguró que desde el Ejecutivo vasco «no se está buscando un debate
sobre profundización en el autogobierno, sino otras cosas». Señaló
que la propuesta busca romper el marco político, jurídico e
institucional «que los españoles y los vascos nos dimos hace
veinticinco años».
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