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El Gobierno vasco define el Plan Ibarretxe como «un nuevo pacto político para la convivencia». El borrador consta de un preámbulo, 69 artículos, dos disposiciones transitorias y una derogatoria y desarrolla la idea de un «nuevo estatus de libre asociación con el Estado Español». El paso final será un referéndum «en ausencia de violencia», incluso si la negociación con el Estado fracasa.

Identidad nacional y autodeterminación
El Estatuto de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi (nombre oficial del Plan Ibarretxe) se basa en el derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro.

Relaciones con Navarra y País Vasco francés
Reformula la posibilidad, ya contemplada en el Estatuto de Gernika y la Constitución, de que Navarra pueda incorporarse a la Comunidad Libre Asociada de Euskadi. También se compromete a propiciar la firma de los «Acuerdos y Tratados» precisos para que los «territorios y comunidades vascas situadas a ambos lados de los Pirineos» puedan «estrechar los especiales lazos históricos, sociales y culturales».

Ciudadanía vasca
Se establece el «derecho a la nacionalidad vasca», con «plena validez política, jurídica y administrativa» en la Comunidad Libre Asociada. Se afirma que la nacionalidad vasca será compatible con la nacionalidad española.

Poder Judicial propio
El Poder Judicial pasa a ser de los poderes de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi. Se crea la «organización judicial vasca», y el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, dónde se agotarían las instancias procesales.

Relaciones con España
En el texto se señala que «no resultará de aplicación unilatera, por parte del Estado, la previsión del art. 155 de la Constitución», que prevé la suspensión de la autonomía.

Profundización del autogobierno
Se definen las «políticas privativas del Estado» (nacionalidad española y extranjería, Defensa y Fuerzas Armadas, sistema monetario, régimen aduanero, etc) y las «exclusivas» en el ámbito de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi (legislación penal, penitenciaria, mercantil, pesas y medidas, telecomunicaciones, etc). Como «regla general», el resto de «competencias públicas» corresponden a las instituciones vascas.

Además, se reconoce la capacidad de «establecer y regular» un «ámbito socio-laboral propio», con competencias plenas en el ámbito laboral. La Seguridad Social funcionará con un «presupuesto propio que incluirá la función recaudadora de las cotizacines sociales» en Euskadi y la gestión del patrimonio ubicado en su territorio. Recoge el principio de la «autonomía fiscal y financiera» de la Comunidad Libre Asociada.

Presencia en el ámbito internacional
Euskadi quiere reconocimiento propio en Europa. La Comunidad Libre Asociada dispondrá de «representación directa en los órganos de la UE». Además, atribuye a las instituciones vascas «la defensa y la promoción de los intereses de los ciudadanos vascos, pudiendo suscribir, a tal efecto, acuerdos con instituciones internacionales».

Plazos para un referéndum
El nuevo Estatuto debería estar aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento vasco en septiembre de 2004. Después se abriría un proceso negociador con el Estado -que no debería superar los seis meses-, con la aprobación posterior de las Cortes Generales y del Parlamento Vasco del resultado de la negociación y la aprobación definitiva por la sociedad vasca en referéndum en 2005.