«Son acusaciones muy fuertes, pero en este momento, aunque
formalmente son leyes generales, están creando leyes para un ámbito
geográfico, para los vascos, y por eso estamos entrando en el
estado de excepción, como en los tiempos de Franco», declaró el
presidente de la ejecutiva del PNV, Xabier Arzalluz.
El parlamentario del PNV Emilio Olabarria comentó que la falta
de separación de poderes en España nunca ha sido tan clara «y
grosera» como al enfrentarse a las «posiciones política legítimas
del Gobierno Vasco».
El documento elaborado por el PNV argumenta la existencia de una
estado de excepción judicial con los «episodios» relacionados con
la no suspensión del grupo de Sozialista Abertzaleak (SA) en el
Parlamento vasco.
Así, considera injustificadas la presentación de una querella
contra los miembros de la Mesa del Parlamento; el nombramiento de
una sala de la discordia sobre este asunto por parte del Consejo
del Poder Judicial; y la declaración de nulidad de cinco actos del
Parlamento por la participación de SA. Para el PNV, se está
produciendo una «sutil aplicación» al Parlamento vasco del artículo
155 de la Constitución, que posibilita la suspensión de una
autonomía.
Por otra parte, Arzalluz afirmó que, si en el País Vasco hubiera
Justicia, Aznar tendría que responder ante los tribunales por
calumnias, al vincular el Plan Ibarretxe con ETA.
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