El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, insistió ayer
en apuntar a la falta de regulaciones específicas como causa de las
irregularidades producidas en la contabilidad de los partidos
políticos, al tiempo que denunció una serie de aportaciones desde
Catalunya y País Vasco no recogidas en la ley, tal y como se
desprende del último informe de fiscalización correspondiente al
ejercicio de 2001. No obstante, PP y PSOE se limitaron a acusarse
mutuamente de frenar las modificaciónes en la Ley de Financiación
de los Partidos Políticos que el Tribunal ya reclamó.
Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de relaciones con
el Tribunal de Cuentas, celebrada ayer en el Senado, Nieto realizó
un repaso al informe aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado
mes de septiembre e insistió en la moción aprobada por este mismo
órgano en junio del pasado año, donde se instaba al Gobierno a la
reforma legal de la normativa de financiación de los partidos.
Según las informaciones obtenidas por el Tribunal, en 2001 la
financiación pública para funcionamiento ordinario de partidos se
elevó a 150 millones de euros. En esta cifra están incluidas dos
aportaciones no incluidas entre las fuentes de financiación
pública: 36,7 millones procedentes de las corporaciones locales
para subvencionar a los grupos constituidos en las mismas; y 3,6
millones procedentes del Gobierno vasco para el funcionamiento de
las formaciones con representación en el Parlamento.
Asimismo, el Parlament de Catalunya concedió asignaciones
extraordinarias a los grupos del Parlament que se elevaron a 3
millones de euros, importe que procede a su vez de una
transferencia del Gobierno catalán al propio Parlamento. De hecho,
Nieto destacó que el TdC no ha recibido de la Generalitat
información adecuada.
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