El Gobierno, tras comenzar la ofensiva judicial contra el Plan
Ibarretxe, ha iniciado la legislativa. Así, el Consejo de Ministros
ha dado luz verde a la modificación del Código Penal para castigar
a las autoridades que convoquen un referéndum ilegal con penas de
entre tres y cinco años de cárcel. El lehendakari, Juan José
Ibarretxe, respondió desde el Parlamento vasco. Afirmó, «con
serenidad», que si la Cámara aprueba el nuevo Estatuto, habrá
consulta.
Otra de las reformas impulsadas por el Gobierno supondría
sancionar la financiación de Sozialista Abertzaleak, permitida por
los tres partidos que forman el Gobierno vasco pese a los
requerimientos del Tribunal Supremo.
Son tres las medidas que impulsa el Gobierno para frenar el Plan
Ibarretxe. En primer lugar, la modificación del Código Penal para
castigar a las autoridades que convoquen un referéndum ilegalmente,
que estará penado con entre tres y cinco años de cárcel y entre
seis y diez años de inhabilitación absoluta. El Gobierno asegura
que así se busca el respeto al sistema democrático y la soberanía
popular expresada a través de las elecciones o consultas populares
previstas en la Constitución.
Las sanciones incluyen la pena de entre uno y tres años de
prisión a las autoridades o funcionarios públicos que, sin convocar
la consulta, faciliten, promuevan o aseguren estos procesos una vez
que se haya acordado su ilegalidad. También se crea el delito de
financiación con fondos públicos de grupos parlamentarios
ilegalizados. Esta norma está pensada para la situación de
Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco, sucesor de la
ilegalizada Batasuna. Actualmente, esta conducta no es delito,
aunque sí puede serlo la desobediencia a las órdenes de la
Justicia.
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