El Gobierno y el PSOE expresaron ayer su respeto al plazo dado por
el Tribunal Constitucional para que se puedan presentar alegaciones
en torno a una posible suspensión del Plan Ibarretxe, una decisión
que desde el Gobierno Vasco se consideró como una oportunidad para
que el Ejecutivo subsane errores en su impugnación.
El Constitucional acordó el jueves emplazar al Gobierno y al
Ejecutivo y Parlamento vascos para que presenten alegaciones antes
de decidir si admite a trámite la impugnación del Gobierno central
al «Plan Ibarretxe», tanto en lo referente a su aprobación en el
Consejo de Gobierno, el 25 de octubre, como al acuerdo de la Mesa
del Parlamento Vasco de 4 de noviembre mediante el que se admite a
trámite dicha propuesta.
El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, afirmó en la
comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros que «sean
cuales sean las decisiones del TC, como siempre, contarán con el
respeto del Gobierno», no como «otros» que «respetan o no» las
decisiones «en función de que coincidan o no con sus
intereses».
Zaplana además aseguró que la reforma del Código Penal para
penar la convocatoria de un referéndum en Euskadi no pretende
«plantar cara a nadie» sino que se cumpla la Ley y evitar que
«cualquiera pueda violentarla a su capricho».
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