Michavila, durante la rueda de prensa que ofreció ayer para presentar el balance de Justicia correspondiente a 2003.

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En materia de Justicia, PP y PSOE empiezan el año como lo terminaron: enfrentados. Los socialistas incluirán en su programa electoral una propuesta según la cual los tribunales autonómicos serían la última instancia. El ministro de Justicia, José María Michavila, ha dicho que esta idea «coincide» con las propuestas del Plan Ibarretxe y de ERC. El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, respondió al ministro calificándole de «indigente jurídico» y asegurando que la propuesta de su partido se limita a interpretar correctamente el artículo 152 de la Constitución.

El nuevo modelo judicial que propugna el PSOE tiene como base que los tribunales superiores de las comunidades autónomas sean los que agoten las instancias procesales. El Tribunal Supremo quedaría para la unificación de doctrina. Para los socialistas, la propuesta no sólo es plenamente constitucional, sino que supone una descentralización que mejoraría la gestión de los tribunales, acercaría la Justicia a los ciudadanos y educiría el atasco al que está sometido el Supremo.

Pero el Gobierno ha arremetido con dureza contra el proyecto socialista. El ministro de Justicia, José María Michavila, afirmó que esta propuesta «coinciden exactamente con lo que pide ERC y el Plan Ibarretxe». En este sentido, Michavila recordó que el Pacto de Estado por la Justicia, ahora roto por parte del PSOE por los incumplimientos del Ejecutivo, hablaba de fortalecer al Tribunal Supremo «con el fin de potenciar su función como órgano jurisdiccional superior».

«Esta súbita conversión de Rodríguez Zapatero a programas electoral que no son de la tradición del PSOE, a mí me sorprende», dijo Michavila, quien apostó por que el Supremo continúa con su labor de «garantizar la igualdad, la solidaridad y la seguridad jurídica de todos los españoles».