Madrid05/06/04 0:00
El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la Ley Integral contra la Violencia sobre las mujeres, norma que, con una memoria económica anual de entre 50 y 80 millones de euros, endurece las penas para los agresores, crea juzgados especiales y constituye un fondo para financiar una red de servicios sociales destinada a las víctimas.
Según Caldera, las amenazas y las coacciones leves tendrán una pena de prisión de entre seis meses y un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. La administración penitenciaria facilitará a los condenados programas específicos de rehabilitación. Se crearán juzgados de violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales -algunos serán nuevos- y se formará a los jueces, magistrados y fiscales en la lucha contra la violencia doméstica. Estos juzgados serán competentes también en procesos civiles -como separaciones o divorcioscuando aborde causas penales por violencia sobre la mujer.
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