Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha
remitido al Congreso de los Diputados el auto que dictó el pasado
18 de julio relativo a la trama de robo y venta de los explosivos
que se utilizaron el 11-M, para que sea estudiado en la comisión de
investigación. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se
opuso a la entrega de varios documentos solicitados por la comisión
al juez Juan del Olmo, por entender que afectan al secreto de las
investigaciones, si bien dejó la decisión final en manos del fiscal
general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega señaló ayer, en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Ministros, que a través del secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes se ha contestado al presidente del
Congreso que el Ejecutivo «no tiene inconveniente alguno» en que la
documentación del CNI no desclasificada y remitida a la Cámara sea
examinada por la omisión del 11-M en sesión secreta.
Asimismo, se ha indicado a la Presidencia del Congreso que «no
existe constancia alguna» en los archivos de la Administración de
un «informe del Gobierno de la Nación sobre el atentado del 11 de
marzo», así como que no estima procedente que dicho documento sea
realizado por el Ejecutivo actual, dado que los hechos sucedieron
antes de su toma de posesión.
Mientras, representantes del PSOE y el PP analizaron los avances
de los trabajos de la comisión, que se proseguirán el próximo
martes. Así, el portavoz del PSOE en la comisión del 11-M, Alvaro
Cuesta, dijo que «cada vez empiezan a aparecer más razones para
requerir explicaciones al ex presidente del Gobierno», dado que su
grupos considera demostrado que «el Gobierno mentía mientras la
Policía hacía su trabajo».
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