El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo considera viva la
amenaza del terrorismo de origen islámico para España. En un auto
dictado ayer, el magistrado consideró desmantelada la célula que
perpetró los atentados del 11-M, pero advierte que otros grupos de
apoyo pueden ocupar su lugar tras la caída del primero. Además,
según los cálculos de la Policía que constan en este mismo auto,
los terroristas podrían disponer todavía del 10% de los 210 kilos
de dinamita que robaron.
Explica Del Olmo que esta células inicialmente de apoyo podrían
adoptar una actitud de sustitución del grupo principal una vez que
este cayó, primero con las detenciones de las fuerzas de seguridad
y después con el suicidio colectivo del día 3 de abril. Esta idea,
además, se vería reforzada por los informes de la Unidad Central de
Desactivación de Explosivos-NBQ de la Comisaría Genera de Seguridad
Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, que constan igualmente en
el auto de Del Olmo.
«Aunque la célula operativa haya sido desmantelada, hay que
tener en cuenta que huyó del lugar (del piso de Leganés donde se
inmoló buena parte de este grupo) una persona al menos y la
investigación ha puesto en evidencia que seguirían activos otro
elementos personales o anteriores células de apoyo, que han podido
participar de muy distinto modo en los atentados terroristas del 11
de marzo y su entramado delincuencial», asegura el juez.
Según sus cálculos, la capacidad del maletero de un vehículo
normal es de 250 litros. Esto habría permitido a los terroristas
transportar unos 210 kilos. De ellos, 142 se utilizaron en el 11-M
y el intento de atentado contra el AVE. Otros 17,4 más fueron
recuperados y 20 más se usaron en la inmolación de Leganés. Esto
haría unos 178 kilos, a lo que habría que sumar el explosivo
esparcido y succionado. Con estas estimaciones, los terroristas
podrían tener una cantidad de explosivo en torno al diez por ciento
del explosivo robado.
Del Olmo considera que los detenidos en Asturias realizaron, en
todo caso, más de un viaje a Madrid transportando la dinamita en
los autobuses de la línea ALSA. Lo hicieron Sergio Àlvarez Sánchez,
que está en libertad, Antonio Iván Reis y el menos que se encuentra
internado en un centro de Madrid por su participación en el 11-M.
El juez relata que los primeros contactos para adquirir el
explosivo se produjeron en el último trimestre de 2003, entre el
confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier, el ex minero José
Emilio Suárez Trashorras y Rachid Aglif (los tres en prisión).
Zouhier informó a la Guardia Civil de que unos mineros estaban
intentado traficar con explosivos en enero, pero la investigación
no encontró evidencias. Este confidente, en cambio, no informó de
la venta del explosivo utilizado el 11-M, a finales de 2003, como
tampoco lo hizo a sus contactos Suárez Trashorras.
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