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EFE/OTR-MADRID/MÉXICO
José María Aznar mostró ayer su desprecio hacia las informaciones que apuntan al pago con dinero público de dos millones de dólares al bufete Piper Rudnick para que el ex presidente del Gobierno consiguiera la Medalla de Oro del Congreso norteamericano. A su juicio, se trata de una maniobra para desviar la atención de las revelaciones de la comisión sobre los atentados del 11-M, que evidenciarían que su Gobierno no mintió.

Aznar cree que estas informaciones pretenden desviar la atención sobre lo que está sucediendo en la comisión de investigación sobre el 11-M. «Quiero decir que cuando se intenta demostrar que un Gobierno no ha dicho la verdad, y el Gobierno la ha dicho y eso queda acreditado ante una comisión parlamentaria, se pueden intentar muchas cosas para desviar la atención, e incluso intentar manchar la honorabilidad de las personas, pero yo no voy a entrar en estas cosas», dijo.

«No tengo nada que negar ni nada que afirmar», dijo Aznar desde Ciudad de México, donde continúa la promoción de su libro. Lo único que precisó sobre la utilización de fondos públicos para lograr la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos es que «algunas insinuaciones que se hacen al respecto» sólo le merecen «desprecio».

Por su parte, Ana Palacio, ex ministra de Exteriores, admitió que el contrato con el bufete Piper Rudnick contiene una minuta de actividades del pasado mes de enero que contiene las gestiones que facilitaran la concesión de la Medalla de Oro del Congreso norteamericano a Aznar.

«Es verdad que hay una minuta de actividades de ese mes de enero, yo recuerdo que en el mes de enero va Aznar a EEUU, en el que este lobby habla de haber hecho unas llamadas a congresistas para apoyar esa iniciativa», explicó Palacio. La medalla, según su criterio, forma parte de «ese amplísimo objeto de lo que es el apoyo a lo que pueden ser intereses españoles».

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, siguió esta línea al asegurar que sufragar un contrato para conseguir la medalla para Aznar tiene como fin «defender los intereses de España».