El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el
coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acordaron ayer
mantener un encuentro en septiembre para tratar los Presupuesto
Generales del Estado (PGE) para 2005, los primeros que debe
elaborar el Gabinete socialista y que requerirán de apoyos externos
para su aprobación. Durante la reunión «cordial y abierta» que
mantuvieron en La Moncloa, ambos líderes políticos analizaron el
inicio de la legislatura, las prioridades del nuevo curso y la
labor realizada por la comisión del 11-M.
El encuentro sirvió para repasar algunas de las iniciativas puestas
en marcha por el Ejecutivo socialista en sus tres meses de gestión.
Además, Zapatero informó a Llamazares de sus planes para el nuevo
curso parlamentario, que en otoño tendrá como eje central el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2005.
Zapatero y Llamazares se reunieron durante dos horas para hacer
balance de los primeros meses de legislatura y comentar las
prioridades del nuevo curso político. La reunión, calificada como
«cordial y abierta» por fuentes de Moncloa, se enmarca dentro de
los contactos que ambos líderes vienen manteniendo desde la
investidura de Rodríguez Zapatero, quien ya mostró entonces su
intención de conceder un «trato preferencial» a IU.
Según explicó la federación, Zapatero y Llamazares analizaron la
labor realizada por la comisión de investigación sobre los
atentados del 11 de marzo en Madrid y valoraron muy positivamente
su contribución a la «regeneración de la vida política» y del
Parlamento.
En este sentido, Llamazares ha trasladado al jefe del Ejecutivo,
su interés en que las cuentas públicas para el próximo ejercicio
sean «eminentemente sociales» y que en ellas se dé prioridad a
cuestiones como la vivienda, la educación y los derechos de los
trabajadores. Otra de las cuestiones que surgió durante la reunión
fue la situación que atraviesan los astilleros públicos Izar.
Llamazares transmitió al presidente del Gobierno su deseo de que no
se «trocee» la empresa, de que se fortalezca su «capacidad
productiva» y de que se intente buscar el consenso con los
sindicatos y las comunidades autónomas afectadas.
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