El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley que legaliza los
matrimonios homosexuales y defendió que puedan adoptar hijos, ya
que según dijo la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María
Teresa Fernández de la Vega, no hay pruebas de que ello sea
contraproducente para los menores.
Los colectivos homosexuales e IU reiteraron el apoyo a este
planteamiento, mientras que la Iglesia y el PP renovaron su
posición en contra; CiU y PNV dejarán libertad de voto, y el PSOE
organizó un acto para saludar la llegada de esta nueva regulación.
El Defensor del Menor pidió una moratoria de dos años respecto a
las adopciones.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, subrayó la
constitucionalidad de esta nueva regulación y recalcó que es un
«día histórico», al terminarse con «siglos de discriminación sobre
un colectivo por su orientación sexual».
El anteproyecto equipara los derechos civiles de los matrimonios
homosexuales a los de los heterosexuales, entre ellos la percepción
de la pensión de viudedad, herencias, sucesiones, poder firmar la
autorización para una intervención quirúrgica o adoptar un
hijo.
Sobre este último extremo, la vicepresidenta afirmó que en
España ya hay «miles de niños» que viven con padres homosexuales y,
dijo, «más de 50 estudios coinciden en que las diferencias de los
niños que crecen en casas con padres homosexuales son inexistentes,
no hay pruebas de que eduquen peor o sean peores padres».
Respecto a la dificultad legal de que los homosexuales acudan a
la adopción internacional, ya que hay países que lo prohíben, López
Aguilar indicó que el Gobierno hará «pedagogía a la hora de
explicar este proyecto» y utilizará los canales diplomáticos o las
relaciones bilaterales, en especial en los países donde haya mayor
preferencia por parte de los españoles (Rusia y China).
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