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El Gobierno da por zanjada la polémica sobre los seguros de la Administración, pero advierte que hará un estudio de las pólizas que existen actualmente y los ministerios de Economía y Administraciones Públicas harán una propuesta de cobertura. Así lo dijo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien, en todo caso, aseguró que estas pólizas no se firmaron con malicia. El PP, tras ser el de Federico Trillo como ministro de Defensa el primer seguro que se conoció, exige ahora explicaciones a quien firmó los seguros en 1991. Su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, añadió que ningún ministro se preocupa de estos asuntos.

«No creo que haya habido ocultamiento malicioso», dijo De la Vega, que cree que las permanentes renovaciones de los seguros suscritos en 1991 se hicieron de forma «automática y burocrática». La vicepresidenta piensa también que no es «un problema de responsabilidades como de decir que esto no puede volver a ocurrir».

Este asunto ya ha costado su puesto al director general de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructuras del Ministerio de la Presidencia, pero en principio la cosa se quedará ahí.

«Los ciudadanos pueden estar absolutamente seguros de que el Gobierno responderá con trasparencia y celeridad a cualquier situación semejante a este que pueda plantearse en el futuro», dijo De la Vega. Estos contratos se conocieron a través de los medios de comunicación, y se le preguntó a la vicepresidenta por este aspecto. «No tenemos nada que ocultar y mantenemos como Gobierno transparencia informativa y neutralidad a la hora de dar información a todos los medios de comunicación», dijo.