El lehendakari Ibarretxe saluda al presidente del Parlamento vasco en el último pleno de la VII legislatura.

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La causa contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa Gorka Knorr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), tal y como ordenó el Tribunal Supremo, sigue abierta tras revocar ayer el TSJPV el archivo dictado por la jueza instructora del caso. En un auto dictado ayer, se rebaten «de forma exhaustiva y detallada los argumentos» por los que la instructora del caso, Nekane Bolado, decretó el archivo del mismo el pasado mes de diciembre.

La Sala de lo Penal del TSJPV, compuesta por su presidente Fernando Ruiz Piñeiro y por los magistrados Antonio García Martínez y Roberto Saiz Fernández, ordena que continúe el procedimiento contra los mencionados miembros de la Mesa del Parlamento al considerar que existen contra ellos «indicios racionales de responsabilidad criminal por un posible delito de desobediencia».

Sin embargo decreta el sobreseimiento de la causa respecto a los miembros de las Junta de Portavoces Rafael Larreina (EA), Joseba Egibar (PNV) y Antón Morcillo (Batasuna), que estuvieron de acuerdo con la decisión de la Mesa de no disolver SA, y ordena la devolución de las actuaciones a la instructora para que dé traslado de las actuaciones a las partes y presenten, en su caso, escrito de acusación. En la argumentación jurídica, el tribunal recuerda que la instructora archivó el caso al considerar que la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak suponía la «vulneración» de «derechos fundamentales» de este grupo.

Según consta en el auto difundido, «los querellados no pueden erigirse en defensores de derechos fundamentales ajenos» a la vez que se estima «inaceptable que el órgano instructor pretenda cuestionar lo decidido por el Tribunal Supremo: el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes». Por su parte Atutxa mostró su sorpresa ante la decisión y anunció la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional.