La Policía Nacional detuvoa ayer a un nuevo sospechoso de
participar en los atentados del 11-M. Se trata de Soufiane Raifak,
un ciudadano marroquí que se encontraba en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de la localidad gaditana de Algeciras
por su situación irregular. A este nuevo detenido se le relaciona
con la compra de los explosivos utilizados en la masacre de Madrid
y estaría vinculado a Jamal Ahmidan, alias 'El Chino', y Rafá
Zouhier.
A raíz de la detención, la Policía Nacional registró un piso en el
centro de Madrid, en el número 37 de la calle Palma, en el barrio
de Malasaña, presuntamente relacionado con este ciudadano marroquí.
Por el momento no ha trascendido el vínculo que llevó a los agentes
a este inmueble, aunque ya se sabe que encontraron abundante
documentación que ya está siendo analizada.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía realizaron esta última
detención relacionada con los atentados de Madrid a las 8.00 horas
de ayer martes en el Centro de Algeciras. Raifak se encontraba allí
como consecuencia de un expediente administrativo relacionado con
su situación irregular en España.
La policía cree que el nuevo detenido está relacionado con el
aparato logístico del grupo terrorista que perpetró los atentados.
Al frente de este grupo estaba Jamal Ahmidan, 'El Chino', uno de
los siete terroristas que se suicidó en el piso de Leganés el 3 de
abril del pasado año.
Raifak, que podría haber participado en la compra de los
explosivos utilizados en la masacre, tendría relación no sólo con
'El Chino', sino también con otros tres marroquíes, el confidente
Rafa Zouhier, Lotfi Sbai (narcotraficante a quien Zouhier señala
como la persona que suministró armas al grupo que cometió el 11-M)
y Rachid Agliff, alias 'El Conejo', imputados en la causa judicial
por los atentados de Madrid.
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno
procesó ayer por los delitos de colaboración con banda armada
islamista y conspiración para cometer estragos terroristas contra
edificios emblemáticos de Barcelona a los once paquistaníes
detenidos entre septiembre y noviembre del año pasado en la Ciudad
Condal. Además, a diez de ellos también se les imputa un delito
contra la salud pública y falsificación de documentos oficiales,
con los que reunían dinero para enviar a responsables de Al Qaeda
en Paquistán.
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