El Consejo de Empadronamiento dio ayer libertad a los ayuntamientos
para decidir qué documentos públicos aceptan para dar de alta en el
padrón a un inmigrante con fecha anterior al 8 de agosto -requisito
del proceso de regularización-, pero la FEMP exigió a ese organismo
que especifique los certificados válidos.
El PP, CiU, el Defensor del Pueblo y varias asociaciones de
inmigrantes alertaron también de la arbitrariedad que puede suponer
dejar en manos de los ayuntamientos esa decisión.
La presidenta del Consejo, Carmen Alcaide, remitió una circular
urgente a los ayuntamientos para explicar el «empadronamiento por
omisión», la fórmula consensuada el lunes por la mesa de diálogo
social para facilitar la regularización de los trabajadores
inmigrantes que no cuentan con el certificado de empadronamiento
exigido.
Según el Consejo de Empadronamiento, un extranjero podrá
acreditar mediante un documento público que reside en un municipio
desde una determinada fecha y el ayuntamiento tendrá potestad para
decidir si ese certificado es «fehaciente» y para darle de alta con
esa fecha.
Como ejemplos de documentos «fehacientes», citó las cartillas
sanitarias, las solicitudes de escolarización o los trámites ante
el Ministerio de Interior u otros organismos oficiales. Sin
embargo, para la comisión de Inmigración de la Federación Española
de Municipios y Provincias, es necesario que Alcaide especifique
hoy mismo qué documentos son válidos, para dar a todos los
inmigrantes las mismas oportunidades con independencia de su lugar
de residencia y evitar que se comenta «agravios entre
ayuntamientos».
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