El ministro de Defensa, José Bono, dijo ayer que no hay «ninguna
prueba o indicio» de que se hayan producido «actividades ilícitas»
de Estados Unidos, en referencia al supuesto uso del aeropuerto de
Palma por parte de aviones de la CIA para trasladar presos. Según
diversas informaciones, aviones vinculados a la CIA habían hecho
escala entre enero y septiembre de 2004 en aeropuertos como Son
Sant Joan.
El Gobierno mantiene, pese a todo, que no hay hechos que prueben la
existencia de estos traslados. El ministro del Interior aseguró que
hay que tener prudencia hasta conocer las conclusiones de la
investigación que se ha iniciado sobre esta cuestión.
«No estoy en disposición de poner en la picota al Gobierno ni a
Estados Unidos, un país amigo y aliado, por meras suposiciones de
las que no tenemos ninguna prueba, ningún indicio y ningún
fundamento», apostilló Bono.
El ministro de Defensa confesó que había hablado con el
embajador estadounidense, Eduardo Aguirre, «en un contexto más
amplio y de otros asuntos». Asimismo admitió que si el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) tuviera informes sobre este asunto
«no le podría decir que sí, pero como no tiene le puedo decir que
hay nada a este respecto».
Pero si se confirmaran estas informaciones, el Gobierno
responderá. Alonso aseguró que estos hechos serían «gravísimos» y
«no tolerables». «España tiene que tener un pleno conocimiento de
lo que contiene cualquier medio de transporte, pongamos por caso un
avión, que pasa por su territorio, entre otras cuestiones para
aplicar sus leyes», dijo, y por eso advirtió que podría afectar «al
nivel de relación entre gobiernos».
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Balears,
Bartomeu Barceló, aseguró que sólo puede reabrir el caso si una
acusación particular presenta una denuncia. En todo caso, recordó
que su investigación, «totalmente transparente» y sin «nada que
ocultar», no encontró indicios de irregularidades. «No aparecía
material para seguir con la investigación. Nadie, ni la Guardia
Civil ni los testigos que declararon, vieron nada que pusiera de
manifiesto los delitos denunciados», explicó.
Barceló subrayó que, de las diligencias informativas abiertas en
su momento por la Fiscalía sobre el asunto, no se obtuvieron ni
indicios ni pruebas de que se hubieran cometido irregularidades en
los aviones, por lo que todo indicaba que se hicieron los controles
«ordinarios», lo que le llevó a archivar el caso.
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