Los seis procesados que declararon ayer en la segunda sesión del
«macrojuicio» a 56 presuntos miembros de organizaciones del entorno
de ETA negaron que sus empresas financiaran a la banda y
coincidieron en decir que «no había dinero» para este fin porque
tenían pérdidas o beneficios muy escasos.
«Las causas no importan», advirtió Murillo cuando tanto el ex
administrador único de la mayorista de viajes GANEKO José Luis
García de Mijangos como el supuesto liberado de KAS en la
coordinadora de alfabetización y euskaldunización AEK Iker
Beristain intentaron exponer los motivos de su decisión.
La segunda sesión de la vista que se celebra en la Audiencia
Nacional estuvo también protagonizada por la presidenta del
tribunal, Angela Murillo, quien en varias ocasiones impidió a los
acusados explicar las razones de su negativa a responder al fiscal,
ante el temor de que se extendieran en alegatos sobre el supuesto
carácter político del proceso.
Las defensas de los procesados protestaron por la actuación de
la magistrada, que calificaron de «incomprensible», e insistieron
en que la Constitución «permite» a sus representados explicar su
postura.
La estrategia de los procesados de no contestar al fiscal hizo
que los interrogatorios, en los que sólo pregunta la defensa, se
centraran en las actividades legales de los encausados, tocando muy
de pasada las acusaciones concretas que pesan sobre ellos.
Así, los acusados niegan su relación con ETA en respuesta a
preguntas genéricas sobre si han pertenecido o colaborado con la
banda terrorista o con organizaciones de su entorno como KAS, sin
aportar más detalles.
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