La Unión Europea quiere que la Iglesia pague el IVA en España. La
Comisión envió ayer la que es su última advertencia antes de
denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE por
la exención del impuesto de la que goza aquí la institución
religiosa.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno español que tiene
un plazo de dos meses para responder antes de que el Tribunal
Superior Europeo entre a decidir sobre el caso.
En el dictamen motivado que el Ejecutivo comunitario envió ayer
al Gobierno español se asegura que esta exención del IVA vinculado
«a las entregas de bienes muebles e inmuebles vinculados a la
actividad religiosa efectuadas a la Iglesia Católica» no está
autorizada de acuerdo a la normativa comunitaria, aunque Bruselas
también deja claro que España podrá pactar con la Iglesia la
compensación económica que estime oportuno a cambio de los
impuestos que ésta pague.
Las autoridades comunitarias «no impedirán a España mantener el
resultado financiero final compensando a la Iglesia Católica por
una parte o la totalidad del impuesto que pueda tener que pagar a
las autoridades fiscales españolas. Será exclusivamente España
quien deberá decidir esta cuestión», señala la Comisión en su
comunicado. En España, las entregas de bienes muebles e inmuebles
vinculados a la actividad religiosa efectuadas por comerciantes con
destino a la Iglesia Católica están exentas del IVA. Ninguna
disposición de la directiva europea reguladora del IVA permite
dicha exención, y las autoridades españolas así lo han
reconocido.
No obstante, el Gobierno español ha declarado que el fundamento
jurídico de la exención está en el «Acuerdo entre el Estado español
y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos», un acuerdo internacional
celebrado con anterioridad a la adhesión de España a la Comunidad
Europea.
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