El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión al Parlamento de un
proyecto de ley por el que se reforma el recurso de casación lo
que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, «nos va a permitir tener una Justicia mejor,
más eficaz, más garantista y más segura».
Además de esta casación para unificación de doctrina en Derecho
estatal, se regula el recurso de casación para unificación de
doctrina ante los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las
Comunidades Autónomas. Los TSJ serán los órganos encargados de
depurar las infracciones en la aplicación de las normas de las
propias Comunidades Autónomas, consiguiendo un reparto equilibrado
de tareas por parte de los distintos órganos judiciales, con lo que
se evita el colapso por exceso de trabajo.
La modificación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo
aprobada ayer por el Gobierno, hará que se aplique únicamente en
las infracciones que se pudieran haber producido en la aplicación
del ordenamiento jurídico estatal y orientado a la unificación de
doctrina ante discrepancias de los órganos judiciales
inferiores.
La nueva configuración del recurso de casación permitirá al
Supremo unificar las resoluciones contrarias a la jurisprudencia
del propio tribunal o a la doctrina del Tribunal Constitucional o
las contradicciones entre las Audiencias Provinciales, además de
fijar jurisprudencia sobre normas nuevas.
También se suprime el denominado «recurso extraordinario por
infracción procesal» y se amplía la competencia de la Sala de lo
Civil y Penal de los TSJ para ocuparse del recurso de casación para
la unificación de doctrina en asuntos de derecho propio de las
autonomías.
Se crea también un recurso de casación en interés de la Ley cuya
interposición recaerá en el Ministerio Fiscal, sin que afecte a
situaciones particulares, y cuya finalidad será formar
jurisprudencia sobre las normas aplicables al proceso.
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