La explosión en la madrugada del domingo de un artefacto en la
empresa Angulas Aguinaga, en la localidad guipuzcoana de Irura
recibió ayer el rechazo de todos los partidos democráticos que
consideran que con estas bombas se traiciona los derechos de la
sociedad vasca que clama la paz. Los principales líderes políticos
consideran que estos actos son incompatibles con la resolución del
conflicto vasco y piden a la organización terrorista ETA que
declare el cese definitivos de la violencia.
La deflagración causó numerosos daños materiales, aún por
cuantificar. Artificieros de la Ertzaintza buscaron en el lugar de
los hechos restos de explosivos para determinar la composición de
la bomba.
El Gobierno vasco condenó ayer en un comunicado el atentado
contra la empresa vasca y pidió a la sociedad que no considere como
un hecho menor o cotidiano la «reiterada oleada de bombas y
amenazas» de la banda terrorista.
En su opinión, la autoría de este atentado, como el de los
registrados en semanas anteriores, «no ofrece dudas». «ETA ha
planificado y decidido cometer esta acción terrorista. Nuevamente
se convierte en noticia con un lenguaje revestido de violencia,
chantaje, extorsión y amenaza», añadió.
El Ejecutivo vasco lamenta que «nuevamente la violencia y las
bombas empañen y ocupen el universo de la expresión democrática de
las ideas y de los Derechos Civiles y Políticos» y denunció que «es
un engaño afirmar que la sociedad vasca tiene derecho a expresarse
democráticamente y, al mismo tiempo, traicionar ese derecho
mediante bombas, amenazas y chantajes».
A este respecto al Partido Popular ha solicitado a los
empresarios vascos que no «sucumban al chantaje» y que unan sus
fuerzas frente a ETA sin «otorgarles ningún valor político ni
darles esperanzas de acuerdos ni negociaciones por su actividad
criminal».
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