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El Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana, ha aprobado la convocatoria de 9.657 nuevas plazas de policías y guardias civiles. Así, en el caso del Cuerpo Nacional de Policía, el Gobierno ha autorizado la convocatoria para oposición libre de 5.575 plazas, de las que 75 plazas corresponden a la Escala Ejecutiva y 5.500 plazas a la Escala Básica, según adelantó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Junto a estas plazas, Interior convocará 37 plazas en las Escalas Facultativas: 19 plazas para la Escala Facultativa Superior y 18 plazas para la Escala Facultativa Técnica. A estas 3.534 plazas, se unen las correspondientes a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, que se aprueban de manera conjunta con la provisión anual de las Fuerzas Armadas (por tener el proceso de formación conjunto) y que en 2006 serán 45.

Por su parte, en lo que respecta a la Guardia Civil, el Ministerio del Interior convocará este año 4.082 plazas, de las cuales 4.000 serán de ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias -2.400 (60%) se reservan a militares profesionales de tropa y marinería-. Las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería que no se cubran por cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas libres.

A la oferta pública de empleo aprobada ayer se unen las 9.654 plazas convocadas el año pasado lo que supone un incremento del 31,6% respecto a la OPE de 2004. De igual modo, la OPE para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el bienio 2005-06 (19.311 plazas) es un 37,5% superior a las del bienio 2003-04 (14.042 plazas).

Esta OPE permitirá un incremento neto y real de los efectivos policiales con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las prioridades del Ministerio del Interior para reforzar los planes operativos y estratégicos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y mejorar así su eficacia, calidad y eficiencia. Las 9.657 nuevas plazas permitirán el refuerzo de la presencia policial en las calles, la ejecución de programas específicos de lucha contra nuevas formas de delincuencia, la atención al ciudadano y la intensificación de la cooperación.