El pleno del Consejo de Estado aprobó ayer con modificaciones el
informe sobre la reforma de la Carta Magna que le encargó el
Gobierno y que había sido elaborado por la Comisión de Estudios de
este órgano, sobre el que el ex presidente del Gobierno José María
Aznar presentará un voto particular en contra.
El voto particular de Aznar es negativo, pero los dos restantes son
concurrentes, es decir no votan en contra sino que discrepan de
algún punto en concreto que quieren matizar.
El pleno del Consejo de Estado debatió el informe sobre las
cuatro modificaciones de la Constitución solicitadas por el
Ejecutivo que, según recalcaron fuentes de esta institución, no se
trata de un anteproyecto de reforma constitucional.
El Consejo de Estado subraya, además, que el informe «se atiene
estrictamente a las condiciones que el Gobierno señala para la
reforma» y opta «por no cuestionar, ni tampoco respaldar el
planteamiento de la consulta» del Ejecutivo.
«No corresponde a esta institución hacer pronunciamiento alguno
sobre la decisión política de emprender o no la reforma de la
Constitución», añade el Consejo de Estado.
Durante el debate se anunció el propósito de presentar voto
particular por parte de tres consejeros.
La posición que mantiene el ex presidente es que «no se dan las
condiciones para la reforma constitucional» en ámbitos como las
comunidades autónomas y el Senado, porque entiende no existe ni la
necesidad jurídica, ni la conveniencia política, ni el consenso
entre partidos que requieren este tipo de planteamientos».
Precisamente respecto a contenidos autonómicos, el presidente
del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, señaló tras la
reunión que el informe debatido y aprobado plantea que la
denominación de las distintas comunidades que aparezca en la
Constitución sea aquella que fijen sus respectivos estatutos de
autonomía.
En cuanto a la reforma del Senado, Rubio Llorente informó de que
se estudió su configuración, a fin de que sea una Cámara de
representación territorial, de las comunidades autónomas, y que el
objetivo no es reducir o incrementar el número de senadores, sino
que se ajusten a la representación de las comunidades.
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