OTR PressMadrid11/03/06 0:00
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El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que el Ministerio Público pedirá el próximo lunes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que encarcele al portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por incumplir las condiciones de la libertad bajo fianza en la que se encuentra en estos momentos.

Otegi lanzó sus advertencias al Gobierno, al que avisó de que afectará «gravemente» al inicio del proceso de paz «encarcelar interlocutores». Todo parte de la fallida huelga general que convocó Batasuna y de los incidentes que se produjeron el jueves.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que esa jornada ha demostrado que «los terroristas y quienes les apoyan han perdido el poco respaldo social que pudieran haber tenido en algún momento».

Conde-Pumpido entiende que Otegi ha incumplido las condiciones acordadas por el juez Grande-Marlaska en mayo de 2005 cuando le impuso una fianza para quedar en libertad. El magistrado estudiará si se ha producido «reiteración delictiva» por parte del portavoz abertzale tras los sucesos de la jornada de huelga en el País Vasco y Navarra, entre los que cita las cuatro bombas de las que alertó ETA en carreteras limítrofes de Euskadi.

En mayo de 2005 el Ministerio Público, recordó el Fiscal General, ya pidió prisión incondicional para el portavoz de la formación ilegalizada por un delito de integración en organización terrorista. La declaración de Otegi se producirá el lunes. Para el miércoles queda la del también dirigente de Batasuna Juan María Olano y para el jueves las del secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, la abogada Arantza Zulueta y los líderes de la formación ilegalizada Juan José Petrikorena y Pernando Barrena.

Otegi reaccionó a este asunto lanzando advertencias al Gobierno del PSOE. «No es compatible decir que se tiene voluntad de construir un proceso de paz», dijo el portavoz abertzale, si al mismo tiempo se encarcela a «interlocutores necesarios e imprescindibles», algo que, a su juicio, afectará «gravemente» a la puesta en marcha de ese proceso. «Quien actúa así o quien lo permite no está buscando facilitar las cosas», sentenció, entendiendo el auto de la Audiencia Nacional como la respuesta del Gobierno central, del Estado español y de la propia Audiencia a la convocatoria de huelga.