El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer
que el Ministerio Público pedirá el próximo lunes al juez de la
Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que encarcele al
portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por incumplir
las condiciones de la libertad bajo fianza en la que se encuentra
en estos momentos.
Otegi lanzó sus advertencias al Gobierno, al que avisó de que
afectará «gravemente» al inicio del proceso de paz «encarcelar
interlocutores». Todo parte de la fallida huelga general que
convocó Batasuna y de los incidentes que se produjeron el
jueves.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, aseguró que esa jornada ha demostrado que «los
terroristas y quienes les apoyan han perdido el poco respaldo
social que pudieran haber tenido en algún momento».
Conde-Pumpido entiende que Otegi ha incumplido las condiciones
acordadas por el juez Grande-Marlaska en mayo de 2005 cuando le
impuso una fianza para quedar en libertad. El magistrado estudiará
si se ha producido «reiteración delictiva» por parte del portavoz
abertzale tras los sucesos de la jornada de huelga en el País Vasco
y Navarra, entre los que cita las cuatro bombas de las que alertó
ETA en carreteras limítrofes de Euskadi.
En mayo de 2005 el Ministerio Público, recordó el Fiscal
General, ya pidió prisión incondicional para el portavoz de la
formación ilegalizada por un delito de integración en organización
terrorista. La declaración de Otegi se producirá el lunes. Para el
miércoles queda la del también dirigente de Batasuna Juan María
Olano y para el jueves las del secretario general de LAB, Rafael
Díez Usabiaga, la abogada Arantza Zulueta y los líderes de la
formación ilegalizada Juan José Petrikorena y Pernando Barrena.
Otegi reaccionó a este asunto lanzando advertencias al Gobierno
del PSOE. «No es compatible decir que se tiene voluntad de
construir un proceso de paz», dijo el portavoz abertzale, si al
mismo tiempo se encarcela a «interlocutores necesarios e
imprescindibles», algo que, a su juicio, afectará «gravemente» a la
puesta en marcha de ese proceso. «Quien actúa así o quien lo
permite no está buscando facilitar las cosas», sentenció,
entendiendo el auto de la Audiencia Nacional como la respuesta del
Gobierno central, del Estado español y de la propia Audiencia a la
convocatoria de huelga.
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