El portavoz dijo que el Ejecutivo comunitario sigue analizando
si el decreto vulnera o no el Tratado, como es su «obligación», y
si la respuesta es positiva, lanzará un procedimiento de infracción
contra España. «Para llegar a una conclusión no precisamos
necesariamente la información del Gobierno español. Tenemos
bastante información», subrayó.
Bruselas envió el pasado 3 de marzo una carta a las autoridades
españolas en la que pedía explicaciones en un plazo máximo de 10
días sobre el decreto, al considerar que podía vulnerar el
principio de circulación de capitales y el derecho de
establecimiento. El Gobierno pidió más tiempo para responder pero
la Comisión denegó la prórroga y reiteró que el último día para
responder era el 17 de marzo.
Drewes confirmó que el 17 de marzo se recibió un fax de las
autoridades españolas «en el que dicen que están dispuestos a
cooperar con la Comisión y que nos enviarán más información cuando
sea posible según sus procedimientos internos». El Gobierno ya
había anunciado que respondería a Bruselas cuando pudiera.
La Comisión podría además decidir no considerar la información
que le envíe Madrid por no llegar a tiempo. «Tendremos que tomar
decisiones sobre la situación española, y podemos decidir dar más
pasos, con o sin la información del Gobierno español», insistió
Drewes. «Cuando nuestros servicios estén listos con una
argumentación plenamente desarrollada para avanzar en un posible
procedimiento de infracción, lo consideraremos», añadió el
portavoz.
No obstante, no quiso hablar de fechas para la apertura de este
expediente, salvo que descartó que sea esta semana y apuntó como
posible el 29 de marzo, fecha en la que podría continuarse también
en el expediente contra la ley eléctrica española de 1999.
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