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Revés a la OPA más polémica de los últimos tiempos. Un juzgado de Madrid ha decidido ordenar suspender de manera cautelar la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Gas Natural sobre Endesa, así como la ejecución del contrato suscrito entre la gasista e Iberdrola.

La suspensión cautelar está supeditada a que Endesa aporte un aval de 1.000 millones de euros con el fin de responder a posibles daños y perjuicios derivados de la adopción y mantenimiento de las medidas cautelares. La eléctrica reunirá próximamente su consejo de administración para analizar el auto y decidir si aporta el aval.

El auto dictado por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, responde a una demanda presentada por Endesa que fue admitida a trámite el pasado 21 de diciembre y ha sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC).

En la demanda presentada Endesa, apela al artículo 81 del Tratado de la Unión Europea solicitando la nulidad del acuerdo entre Iberdrola y Gas Natural asegurando que fue concertado antes de la presentación de la OPA.

Por ello se demanda la suspensión de la tramitación de la operación y del acuerdo entre la gasista y la eléctrica.

Por otra parte, el Partido Popular presentará esta semana un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto ley por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y aumenta sus competencias.

El portavoz adjunto de Economía del Partido Popular, Vicente Martínez Pujalte, aseguró que estas medidas fueron aprobadas de manera «precipitada», en relación con las Ofertas Públicas de Adquisición lanzadas a Endesa, y volvió a criticar al Gobierno de Zapatero por «interferir» en el mundo empresarial. En su opinión, no se justifica la urgencia de este decreto que además establece normas retroactivas que no proceden.