Ese debate sobre si jueces y fiscales deben tener o no en cuenta
el anuncio de ETA en su labor ordinaria, puesto el jueves sobre la
mesa por Conde-Pumpido, continuó ayer en el ámbito judicial, donde
la mayoría recuerda que su obligación es hacer cumplir la Ley, y en
el político, donde han discrepado del fiscal hasta algunos miembros
del Gobierno y sólo le ha respaldado abiertamente Izquierda
Unida.
El titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quiso dejar
claro que ni la judicatura ni la fiscalía están expuestas a las
«incidencias» de la política y recordó que «la legalidad rige la
actuación de todos los poderes públicos».
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Enrique López -organismo que ayer acordó por unanimidad no
pronunciarse institucionalmente sobre el alto el fuego-, aseguró
que los jueces seguirán trabajando «sin tener en cuenta más
situaciones que aquellas que la propia Ley prevé para su
aplicación» porque «el principio de legalidad es uno de los
principios básicos de nuestro Estado de Derecho».
Antonio García Martínez, portavoz de la Asociación Profesional
de la Magistratura (APM) (de carácter conservador y mayoritaria en
la carrera judicial), afirmó que «lo acontecido no es un elemento
nuevo que pueda determinar o condicionar en alguna medida el
trabajo de los jueces».
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