Añadió que «independientemente de esas competencias de la Comisión Gestora, también la Junta de Andalucía en su momento quizás pueda abordar estas cosas», ya que precisamente el Gobierno andaluz interpuso 700 impugnaciones contra licencias urbanísticas municipales en esta ciudad de la Costa del Sol.
Martín, abogado e integrante del Consejo Consultivo de Andalucía once años, recordó ayer que la Gestora dispone de competencias de gestión y disciplina urbanística de acuerdo con su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado el pasado lunes en el primer pleno del nuevo órgano de gobierno tras su constitución.
Sobre la actuación municipal respecto a posibles demoliciones, precisó que el vocal delegado de Urbanismo, Rafael Duarte, «irá informando de lo que haya que hacer».
El reglamento de la Gestora prevé que al presidente corresponden, «las acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística».
En relación a las informaciones que señalan que los dos vocales de la gestora propuestos por el Partido Andalucista actuaron en las pasadas elecciones municipales como interventores del Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara Jesús Gil, dijo que «ser interventor o haber sido interventor en alguna ocasión de un partido no es una causa legal de incompatibilidad», y que «dicho esto, después cada cual juzga su propia conciencia y actúa en consecuencia».
No se pronunció sobre si con ello se daña o no la imagen de la gestora, ya que no quiere «enturbiar la buena armonía que hay en la comisión».
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