El siguiente estadio de esta historia cíclica que se viene repitiendo desde hace unas semanas fue la inmediata reacción del primer partido de la oposición, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y del Foro de Ermua, que exigieron al Gobierno español su prohibición considerando que detrás de la marcha está la ilegalizada Batasuna.
El proceso ya es conocido. Previsiblemente, tras la convocatoria de la marcha, el Departamento de Interior vasco la autorizará, por no apreciar indicios de ilegalidad; a continuación la Audiencia Nacional, concretamente, el juez Baltasar Garzón, encargará a la Consejería vasca de Interior informes sobre la marcha. El Gobierno evitará postularse sobre la manifestación al ser un ámbito administrativo del Ejecutivo vasco y no instará a la Fiscalía a pedir su prohibición y ésta, en función de los informes que tenga pedirá a la Audiencia Nacional que actúe al respecto o no.
El único matiz novedoso es que el «grupo de ciudadanos» aprovechó la convocatoria para pedir que el Día Grande de las fiestas de Bilbao «no se ize el símbolo de la imposición que es la bandera española, y que la ikurriña ondee en solitario».
El anuncio de esta nueva marcha fue realizado con la lectura de un comunicado, en una conferencia de prensa en la que ese grupo de ciudadanos «de izquierdas y abertzales» no admitió preguntas y no se identificó a ninguna de los decenas de personas que realizó la convocatoria.
Según dijeron, convocan esta nueva marcha por la autodeterminación para este viernes porque «la paz y la democracia» no llegaran «por sí solas», ya que «nadie va a dar nada gratis». Por ello demandaron a la ciudadanía vasca «un grito en favor del proceso, un clamor en pro del derecho de autodeterminación para Euskal Herria».
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