El Gobierno agilizará los desahucios con la creación de diez nuevos juzgados

El Gobierno estudió ayer el plan completo, del que sólo se conocía la parte destinada a dinamizar la demanda, como una ayuda directa de 210 euros mensuales durante cuatro años, 600 euros de préstamo para la fianza y el coste del aval de seis meses para los jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos brutos inferiores a 22.000 euros anuales.

Asimismo, incluye una serie de iniciativas para impulsar la oferta de vivienda en alquiler y de cuyo contenido sólo se ha dado luz verde a los estatutos de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS).

Las novedades, presentadas en rueda de prensa por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, incluyen la propuesta del Ministerio de Justicia de crear diez juzgados que se podrían especializar en desahucios en las ciudades donde haya una mayor saturación. Además se han tomado en consideración otras medidas que podrían acortar los plazos de un procedimiento que, según los expertos, puede demorarse entre 12 y 18 meses.

Entre ellas, la posibilidad de acudir a un juicio rápido para la reclamación de deudas, la agilización de las notificaciones a las partes, la limitación del plazo para que el inquilino solicite asistencia legal gratuita o la reducción a 15 días del periodo para ejercer la enervación (plazo para que el inquilino pague su deuda y pueda paralizar el desahucio).

Todas ellas son medidas destinadas a incrementar la seguridad de los propietarios, pero con las que «no se trata de reducir ni los derechos ni las garantías de los inquilinos, sino facilitar las acciones judiciales cuando éstos no cumplen sus obligaciones», según puntualizó.

El plan prevé también la eliminación de algunas de las condiciones para acceder a las subvenciones de 6.000 euros previstas en el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2005-2005 para los propietarios que alquilen sus pisos vacíos, de tal forma que no se limite la superficie máxima del inmueble y se aumente a más del doble el precio máximo que se puede cobrar por el arrendamiento.

Entre las medidas presentadas al Consejo de Ministros está también la propuesta de aplicación del IVA superreducido del 4 por ciento a las viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler de renta básica a 25 años.

Al mismo tiempo se prevé modificar el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, de manera que las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios que inviertan en viviendas protegidas de alquiler podrán beneficiarse de un impuesto de sociedades del 1 por ciento y disponer de una capacidad de endeudamiento del 80 por ciento (frente al 50 por actual).