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EFE-LAS PALMAS Tres ex alcaldes del PP en el municipio grancanario de Santa Brígida, Carmelo Vega y Antonio Díaz y el ex primer teniente de alcalde Luis Troya, que fue regidor accidental, fueron detenidos ayer por la Guardia Civil en un nuevo caso de corrupción destapado en la isla.

Los tres antiguos responsables municipales están imputados por irregularidades urbanísticas relacionadas con seis tipos de delitos distintos, entre ellos prevaricación y malversación, cometidos durante su gestión municipal en Santa Brígida, localidad del interior de Gran Canaria con cerca de 20.000 habitantes.

Junto a los ex alcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz, y Luis Troya, que también fue concejal de Urbanismo, fueron detenidos tres técnicos municipales, Santiago y Antonio Hernández Alvarez y el capataz Antonio Ventura Rodríguez, que fueron arrestados por la Guardia Civil en el consistorio municipal, según el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna (PP). A los detenidos se les considera sospechosos de cometer delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, falsificación documental, prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios público.

Esta operación, bautizada como «Brisán», es la cuarta contra la corrupción municipal y urbanística en Gran Canaria en los últimos 19 meses y que han concluido con más de medio centenar de imputados; las anteriores fueron la «operación Faycán» en Telde, la «operación Góndola» en Mogán y la «operación Paraíso» en San Bartolomé de Tirajana.

Los ex alcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz siguen de concejales en el grupo mixto del ayuntamiento de Santa Brígida, que gobierna ahora el PP en alianza con Los Verdes, partido que en el anterior mandato comunicó a la Audiencia de Cuentas supuestas irregularidades en la gestión municipal.

Carmelo Vega, ahora de Independientes por Santa Brígida, continuaba en la actividad pública después de ser condenado en primera instancia en marzo de 2006, junto al también detenido Luis Troya, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.