La Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42 mostró ayer su «estupor, incomprensión e indignación» por el auto de archivo de la investigación por falsedad documental en las identificaciones de los 62 fallecidos, anunció que recurrirá la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska ante la sala de lo Penal del citado tribunal y reclamó que el Ministerio de Defensa se persone en el procedimiento judicial.
En un comunicado leído públicamente por su presidente, Pacho González Castilla, la asociación criticó la decisión de Marlaska ante algo que para ellos resulta «de vital importancia» y manifestó su «sorpresa» por lo que el juez Grande-Marlaska califica de «hechos imputados como una 'conducta grave' pero en los que no actúa en consecuencia».
Así, González aseguró que pedirán la asistencia del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, «para defender la memoria de los militares españoles fallecidos» ante la Audiencia Nacional y exigió además que el Ministerio Fiscal recurra el auto publicado «para que las víctimas puedan tener el derecho a un juicio oral».
En caso de producirse éste, los familiares piden que se puedan aportar los testimonios de las víctimas, además de las declaraciones de los fiscales y forenses turcos «para que aclaren lo sucedido los días 26, 27 y 28 de mayo de 2003». También ven necesaria la presencia del director del Instituto Anatómico Forense turco para que ratifique el «intento de extorsión por parte del Ministerio de Defensa de la época».
En esta línea, pidieron respuestas a algunos interrogantes, como el hecho de que el avión contratado no cumpliese la normativa internacional, que los militares viajaran sin seguro, que se ocultaran sus quejas, o la negativa a investigar la contradicción hallada en los documentos oficiales en los que se afirmaba que se identificó a los fallecidos «sin género de dudas».
Por su parte, el abogado de la asociación, Eudald Vendrell, dijo compartir la sorpresa de los familiares por la resolución del juez, ya que según él la decisión se agrava por la existencia de unas diligencias abiertas por todas las acusaciones, incluido el Ministerio de Fiscal, a fin de establecer un juicio oral. «Es técnicamente imposible que el juez la deniegue, no obstante este caso requiere haber agotado hasta el extremo la instrucción y unas razones seguras y convincentes», agregó.
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