La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó ayer que «de ninguna manera» va a «quedar hueco» para que ANV y PCTV puedan concurrir a las elecciones del próximo 9 de marzo, ya que, dijo, se han situado fuera de la legalidad y «hemos aplicado la ley».
Así lo señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que autorizó a la Abogacía del Estado a iniciar los trámites para la ilegalización de ANV y el PCTV por su presunta vinculación con la ilegalizada Batasuna.
El acuerdo del Gobierno autoriza a la Abogacía del Estado a ejercer las acciones precisas para instar la ilegalización de ambas formaciones por la Ley de Partidos, ya sea por el procedimiento ordinario o en ejecución de la sentencia que decretó la disolución de Batasuna.
También se autoriza al servicio jurídico del Estado que impugne y elimine las candidaturas o agrupaciones de electores que se pudieran presentar vinculadas a cualquiera de las dos partidos.
Además, si se da un supuesto diferente a los anteriores y se «resucitara un partido dormido» vinculado a estas formaciones -dijo De la Vega-, el servicio jurídico también está autorizado para emprender las acciones para su ilegalización e impugnación de sus candidaturas.
«Todos los campos están cubiertos y en todos se va a actuar», aseguró la vicepresidenta, que explicó que una vez demostrada la vinculación con Batasuna «hay mecanismos más que suficientes en el Estado de Derecho para impedir» que acudan a los comicios. El servicio jurídico del Estado y la Fiscalía interpondrán sus demandas la próxima semana ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo pero -recordó la vicepresidenta- también hay otro mecanismo establecido por la Ley Electoral a través de la impugnación de listas.
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