05/03/08 0:00
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OTR/PRESS-SEVILLA/MADRID El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció ayer el derecho de los padres de un alumno de Huelva a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ante esta decisión, la Junta recordó que es materia obligatoria y anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo, recordando que su postura coincide con la del TSJ de Asturias y Catalunya, que anteriormente fallaron en sentido contrario, denegando el derecho a objetar. Por su parte, el Foro Español de la Familia y el PP, aplaudieron el fallo del TSJA.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, la primera que se produce en España en este sentido, recoge en su fallo que el hijo de los demandantes, quienes interpusieron un recurso contra una resolución de la Junta que rechazaba tal objeción, «no debe cursar la asignatura» por lo que queda exento «de ser evaluado de la misma».

Para llegar a esta conclusión, los magistrados tuvieron en cuenta la postura de los demandantes, que exponen que la asignatura «vulnera sus derechos fundamentales a educar a sus hijos en la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones y a la libertad ideológica y religiosa».

Así, el TSJA tiene en cuenta dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que reconoce el derecho de los padres a que se respete en la educación de sus hijos sus convicciones religiosas y filosóficas, además de reconocer que es al Estado y a cada centro docente al que le corresponde suministrar a los padres la información necesaria para que puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos. «En nuestro caso, esa información no se ha suministrado y, además, los contenidos tienen un alto grado de indefinición, lo que no facilita el ejercicio de los derechos de los padres», subraya la sentencia.

En los casos de objeción presentados en Asturias y Cataluña se denegó a las familias demandantes el derecho a objetar. Ésta es la postura que «defiende», la Junta de Andalucía, quien, mediante el consejero de Educación, Sebastián Cano, anunció que «va a recurrir» al Tribunal Supremo esta sentencia ya que, a su juicio, el Alto Tribunal «se ha limitado a desarrollar la norma orgánica tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico vigente».