La decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de reforzar el papel del fiscal en la investigación de procedimientos penales, ha provocado la respuesta airada de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que consideran que está propiciando «investigaciones paralelas». A través de dos disposiciones dictadas este mes, la Fiscalía General del Estado ha ordenado a los fiscales que intervengan de forma activa en la instrucción de los procedimientos penales, y les ha recordado que pueden ordenar investigaciones a la Policía Judicial, aunque exista un proceso judicial en curso.
En la segunda directiva, Pumpido recuerda a los fiscales que «no deben delegar» en el juez la responsabilidad de realizar una investigación correcta y eficaz, y dice que «es precisamente el fiscal quien está en mejor posición para orientar esa investigación».
«Debe, por tanto, desterrarse ese vetusto arquetipo del fiscal ajeno a las vicisitudes de la causa», según afirma la instrucción, en la que se establece que los fiscales tienen «la obligación» de realizar un seguimiento de cada procedimiento penal desde que se incoa en un juzgado. Asimismo, indica que deberán promover las diligencias y medidas cautelares que estimen oportunas e interponer recursos contra resoluciones que consideren contrarias a derecho, además de oponerse a repeticiones innecesarias de diligencias o acopios de material que no sea propiamente sumarial.
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