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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores contra las principales organizaciones de la industria alimentaria, que serán investigadas hasta concluir si vulneraron la ley pactando o propiciando las alzas de los precios de los alimentos de los últimos meses. Aunque la CNC reconoce no haber encontrado pruebas de la existencia de «acuerdos explícitos» entre productores y comercializadores para elevar los precios, en el comunicado que ayer remitió considera que, a tenor de las investigaciones hechas hasta la fecha, estas asociaciones podrían haber incurrido en prácticas restrictivas de la competencia.

En concreto, la Comisión cree posible que las patronales alimentarias hayan incumplido el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia, por el que se prohíbe todo «acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela», que pueda «impedir, restringir o falsear la competencia».

La CNC ha informado ya a todas las organizaciones expedientadas, y ahora se da un plazo de dieciocho meses para concluir sus investigaciones y, en caso de que se confirmen sus sospechas, sancionar a los culpables.

Con la apertura de los expedientes culmina una primera fase que comenzó en otoño del año pasado, cuando la Comisión inició de oficio investigaciones ante el fuerte encarecimiento de alimentos básicos.

El propio presidente de la CNC, Luis Berenguer, advertía entonces de que las declaraciones de los responsables de ciertas organizaciones alimentarias advirtiendo de la subida de precios parecía un «aviso a navegantes», es decir, al resto del sector para que encareciera sus productos. Según el comunicado remitido ayer por la Comisión, las asociaciones expedientadas son diez, además de la organización en la que casi todas están integradas: la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB).