El Gobierno y la Generalitat sellaron ayer un pacto para iniciar el 1 de mayo las obras de prolongación del llamado «minitrasvase» del Ebro a Tarragona, con el fin de aportar unos 50 hm3 de agua al área de Barcelona procedente de los «excedentes» de los regantes del delta. Así lo anunciaron la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el conseller del ramo, Francesc Baltasar, quienes destacaron que se trata de una medida «provisional» y de «emergencia» que no «restará ni una gota más de agua del río» ni menoscabará su caudal.
Los responsables de Medio Ambiente del Gobierno y la Generalitat, que rechazaron que se pueda denominar «trasvase» a esta actuación, explicaron también que la tubería que conectará el agua procedente del Ebro con el sistema Ter-Llobregat tendrá unos 62 kilómetros y transcurrirá de manera subterránea, en su mayor parte, por la zona de servidumbre de la autopista AP-7. El coste de la obra será de entre 170 y 180 millones, que correrán a cuenta de las inversiones del Estado en Catalunya que contempla la disposición adicional tercera del Estatut.
Inversión
El acuerdo incluye además la inversión de 24 millones de euros destinados a acelerar un plan de mejora de los regadíos de la zona del Delta del Ebro, lo que debe de ayudar a aprovechar al máximo el agua concedida a los regantes de Tarragona, minimizando las pérdidas en las acequias. Los regantes tienen unos excedentes de 120 hectómetros cúbicos al año, que venden al Consorcio de Aguas de Tarragona, organismo que únicamente utiliza unos 80 hectómetros, por lo que los restantes irían al área de Barcelona.
La ministra Espinosa se reunió por espacio de dos horas y media con el presidente catalán, José Montilla, y con Baltasar en el Palau de la Generalitat para alcanzar un acuerdo definitivo. Espinosa y Baltasar comparecieron después en una rueda de prensa en la que dijeron que la prolongación del «minitrasvase» no tendrá ningún impacto ambiental, que no será necesaria una declaración ambiental de las obras por motivos de urgencia, y que la tubería sólo podría ser utilizada otra vez en un nuevo caso de extrema sequía, a través de una nueva autorización por real decreto ley.
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