La venta de viviendas ha caído entre un 50 y un 60 por ciento desde septiembre de 2007, como consecuencia de la desaceleración económica y del parón de actividad que desde el pasado verano experimenta el mercado residencial.
Así lo confirmó ayer el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, que además cifró en alrededor de 500.000 el número de viviendas que en la actualidad se encuentran en «stock», es decir, pendientes de venta.
El gerente de APCE, Julio Gil, que también intervino en la presentación del Informe de Coyuntura de la asociación para el período 2007-2008, explicó que el número de viviendas iniciadas también ha descendido en lo que va de año un 20 por ciento con respecto al mismo período de 2007.
Tras anunciar estos datos, Chicote auguró para este año una caída del número de viviendas comenzadas, que estará entre 350.000 y 400.000 inmuebles frente a los 641.000 de 2007.
El presidente de la asociación dijo que el escenario del sector es «malo» y que esto perjudica tanto a los compradores como al Gobierno, por lo que pidió al Ejecutivo que «garantice» a los consumidores que los tipos de interés no van a seguir subiendo.
«Si nosotros no vendemos, Hacienda no ingresa y tendrá que pagar subsidios por desempleo», afirmó.
A pesar de ello, Chicote desechó la posibilidad de una pronta bajada de los precios de la vivienda, aunque no descartó descuentos «voluntarios» entre aquellos promotores con problemas financieros. A su juicio, «la única forma de abaratar la vivienda es conseguir que el suelo sea mucho más barato».
Por otro lado, Chicote se mostró confiado en que las medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo el pasado viernes ayuden a recuperar la confianza del consumidor, aunque matizó que estas iniciativas son «escasas».
Por este motivo la asociación presentó el martes al secretario de Estado de Economía, David Vergara, un «plan de choque» con medidas «urgentes» para favorecer el acceso a la vivienda y el empleo.
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda ha encargado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que cuantifique el suelo que aún se encuentra en manos de los ayuntamientos, según dijo ayer el presidente del organismo, Pedro Castro.
Asimismo, Corredor requirió a la FEMP que elabore un estudio sobre el estado de las ciudades para llevar a cabo un proceso concreto de rehabilitación de viviendas, según Castro.
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