Gobierno, sindicatos, partidos políticos y autónomos consideran una agresión al derecho de los trabajadores el acuerdo alcanzado ayer por los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales.
Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE, tras casi doce horas de negociación, lograron sacar adelante la propuesta que ahora deberá ser ratificada por el Parlamento Europeo para su entrada en vigor.
La Comisión Europea (CE) mostró su satisfacción por el acuerdo porque «supone un paso adelante para los trabajadores» y refuerza el papel del diálogo social. Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Àngel Moratinos, quien anunció que España trabajará en el Parlamento europeo para revisarla.
España ha sido uno de los grandes opositores de la ampliación de la jornada laboral pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo el lunes, antes de que terminara la reunión con sus colegas de la UE, que Europa sufriría un «retroceso» en su agenda social con esta medida que acerca Europa «más al siglo XIX que al siglo XX».
También todos los partidos políticos, excepto el PP, consideran que la directiva supone un recorte social.
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