El máximo responsable del Ejército en el momento del accidente del Yak-42, Antonio Moreno, aseguró ayer al juez que «las cosas se estaban haciendo bien» y no había motivos para dudar de la seguridad del avión, porque no sólo no se recibieron quejas sino que incluso hubo un informe favorable.
El que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) entre 2000 y 2004 declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en relación con las presuntas deficiencias en la contratación del avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 23 de mayo de 2003, con 62 militares a bordo, una causa en la que está acusado junto a otros cuatro altos mandos militares de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte.
A él en concreto, los familiares de los 62 militares fallecidos le responsabilizan de no haber hecho nada a pesar de conocer las quejas sobre el mal estado de los aviones que se utilizaban en estas operaciones.
Tras Moreno, Grande-Marlaska interrogó al ex Jemacon Juan Luis Ibarreta, que inició los contratos con la agencia de la OTAN NAMSA para el alquiler de las aeronaves que trasladaban a las tropas, y quien subrayó que «volverían a actuar igual», incluido el mismo sistema de vuelos «que se venía haciendo».
También dijo al juez que se optó por realizar los vuelos a través de NAMSA en lugar de recurrir a la Ley de Contratación del Estado porque ofrecía «flexibilidad» y asumía «un riesgo y una responsabilidad» que ninguna otra compañía comercial estaba dispuesta a correr.
Moreno reconoció, según la acusación particular, que las inspecciones de los aparatos que hacía su departamento eran «suaves», es decir, operativas y no técnicas, y se hacían en un 20% de los aviones.
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