Expira el plazo marcado en el Estatut para acordar la financiación catalana

El Gobierno y la Generalitat no han alcanzado un acuerdo en un aspecto básico, poner límites a la solidaridad interterritorial, ya que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, rechaza uno de los pilares que para las fuerzas catalanas resulta básico en el nuevo modelo de financiación previsto y que pasa por establecer un nuevo criterio que limite el fondo de solidaridad a la sanidad, educación y los servicios sociales esenciales.

El planteamiento de la Generalitat, apoyado por CiU, es que un territorio, una vez que haya hecho un esfuerzo de solidaridad, no ha de bajar drásticamente en el ránking» de 'renta per cápita' en beneficio de otras comunidades autónomas que sí han recibido dinero en concepto de solidaridad interterritorial. Montilla, en un discurso en el Ayuntamiento de El Montmell (Tarragona) culpó al Gobierno de Zapatero de haber incumplido el Estatuto por no haber presentado hasta la fecha una propuesta completa de sistema de financiación.

Catalunya, en concreto, figura en tercer lugar en la lista de comunidades con más recursos, pero desciende al undécimo puesto tras aplicarse los mecanismos de nivelación entre territorios. Pedro Solbes reconoció a finales de julio que la obligación del Gobierno con respecto al nuevo sistema de financiación es cumplir con el Estatuto catalán, pero también con el resto de textos estatutarios, así como con la Constitución, para lo que espera llegar a un acuerdo con las comunidades en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Solbes tiene aliados en las comunidades autónomas que se han opuesto a cambiar el sistema, como es el caso de Galicia, Andalucía o Extremadura, porque opinan que perderán fondos si se aplica esta limitación de la solidaridad que ya contempla el Estatut.

Catalunya quiere que el nuevo sistema tenga en cuenta el aumento de población desde 2001 a lo que se oponen Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón, que reclaman un reparto de fondos que tenga en cuenta el coste real de los servicios y no sólo la cifra de habitantes.

El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha forjado sus propias alianzas con las CCAA que saldrían beneficiadas con el sistema que defiende Catalunya, como es el caso de la Comunidad Valenciana o de Balears.

Al sobrepasar el plazo del 9 de agosto sin haber alcanzado un acuerdo, se habrá incumplido el mandato de una ley orgánica, como es el Estatut, que en su disposición final primera indica que «la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat han de concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Estatut, la aplicación de los preceptos del título VI», el capítulo dedicado al sistema de financiación.