El Gobierno ha pedido a los partidos catalanes responsabilidad para que cambien su postura y se llegue, finalmente, a un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, si bien la Generalitat insiste en que el Ministerio de Economía no ha aportado propuestas para desencallar el proceso.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, negó ayer desde El Salvador que el Ejecutivo haya sido desleal con Catalunya o infiel con el Estatuto y ha insistido en que ha cumplido con sus compromisos en esta materia.
Tras mostrar que el Gobierno está abierto al diálogo, subrayó que el PSC es un partido responsable y ha mostrado su convencimiento de que va a seguir siéndolo, después de que el pasado sábado todos los partidos catalanes vincularan el nuevo modelo con la votación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Ese día fue la fecha límite contemplada por el texto estatutario catalán para que el Gobierno y la Generalitat alcanzaran un acuerdo sobre el sistema de financiación de Catalunya. «Entendemos que todo el mundo tiene que adoptar una posición responsable para buscar los puntos de consenso y no los de disenso», reiteró la vicepresidenta.
Sin embargo, el conseller económico de la Generalitat, Antoni Castells, ha acusado al Ejecutivo de «tratar de intimidar» a la delegación catalana en la negociación de la nueva financiación para Catalunya sin haber aportado ninguna propuesta para continuar el proceso.
«Es la especialidad de la casa», dijo Castells, quien añadió que desde el primer momento la Generalitat está en una actitud «de propuesta y para avanzar» y que «si no hay un buen acuerdo no habrá acuerdo».
Por su parte, el Partido Popular ha pedido la comparecencia en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que informe sobre la reforma del modelo de financiación.
Asimismo, los populares han criticado que De la Vega se encuentre de gira por Centroamérica cuando en su opinión debería estar trabajando en Madrid para solucionar este conflicto.
Desde ERC, el ex diputado Joan Puig ha considerado que el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo antes del 9 de agosto «demuestra que con España no se puede negociar» y que «sólo hay que comunicarle el día y hora de la declaración unilateral y democrática de independencia».
La Comunidad de Madrid denuncia que el Ejecutivo negará a los madrileños 418 millones de euros del sistema de financiación autonómica prometidos por Zapatero en la Conferencia de Presidentes de 2005, un hecho que el Ministerio de Economía ha negado «rotundamente».
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