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El PP advierte al Gobierno de que «las divisiones internas del PSOE» no deben derivar en un modelo de financiación autonómica «injusto e insolidario», mientras que los socialistas acusan a los «populares» de carecer de una propuestae insisten en que se llegará a un acuerdo.

Desde Málaga, la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, manifestó ayer que es «un escándalo y una vergüenza que las tensiones internas y contradicciones del PSOE hayan puesto a España en una situación sin salida», ya que el «interés partidista» puede desembocar en un «callejón sin salida».

Cospedal lamentó además que el PSOE «diga una cosa en cada gobierno autonómico», lo que le demuestra que el Ejecutivo «no sabe lo que quiere hacer con la financiación autonómica», por lo que le ha pedido que «las divisiones internas del PSOE» no supongan un modelo «injusto, insolidario y que no garantice la igualdad» de los españoles.

La responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, quiso «tranquilizar» a De Cospedal porque, en su opinión, se dan las «condiciones» para llegar a un acuerdo, si bien reconoció que «en este momento hay mucho de lo que hablar».

También descartó la existencia de «divisiones internas» en su partido, sino «posicionamientos» diferentes de los responsables autonómicos socialistas, e insistió en que el PP «debe clarificar su posición» porque, a su juicio, tampoco los presidentes de las comunidades gobernadas por los «populares» mantienen una postura común. Como ejemplo, se refirió al jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, quien asegura que una financiación adecuada a la población de esta comunidad y mayores inversiones para situarlas en la media del resto de España ayudarían a solucionar «buena parte» de la «compleja» situación económica.

Por parte de la Generalitat de Cataluña, su presidente en funciones, Josep Lluis Carod-Rovira, ha garantizado que esta comunidad respetará que otras autonomías acepten la propuesta de financiación autonómica elaborada por el Gobierno pero, en contrapartida, ha pedido que éstas respeten que Cataluña la rechace.

A su juicio, «no es una batalla ni de partidos, ni de Gobierno ni de oposición, sino una batalla civil del conjunto de la sociedad catalana, un objetivo de país».