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AGENCIAS

La Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó ayer la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) al estimar por unanimidad las demandas interpuestas contra esta formación por el Gobierno y por la Fiscalía. La ilegalización de ANV fue confirmada en rueda de prensa por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, que señaló que la sentencia -que no cuenta con ningún voto particular- se hará pública en los próximos días.

Según Hernando, la declaración de ilegalidad de ANV, que tendrá como consecuencia la disolución de este partido, también «comporta la liquidación y la puesta a disposición del Tesoro, según prevé la Ley de Partidos, de todos los bienes y efectos que pertenezcan» a la formación abertzale. El Tribunal Supremo ha notificado verbalmente su decisión a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.

La Sala del 61 volverá a reunirse hoy para comenzar a deliberar sobre las demandas de ilegalización que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) y podría anunciar el fallo el próximo viernes. La Ley de Partidos establece que, tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución de una formación, «procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto».

Además señala que «la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora» y que «el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario».

El Gobierno mostró su satisfacción por considerar que se da «un paso adelante en el proceso normalizador de la vida política y ciudadana en el País Vasco». Zapatero destacó que la ilegalización de ANV vuelve a demostrar «la superioridad del Estado de Derecho». El presidente del PP, Mariano Rajoy, expresó su satisfacción porque se trata de un «triunfo de la ley, de la libertad y del Estado de Derecho». El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, valoró la ilegalización de ANV por ser un proyecto político «claramente ilegal».

La representante de ANV Arantza Urkaregi aseguró que la ilegalización de este partido es una «decisión política» tomada de antemano a la que «habrán dado un poco de maquillaje jurídico», al tiempo que advirtió de que la izquierda abertzale «seguirá con su trabajo» en favor de una nación vasca. La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, acusó a los sucesivos gobiernos centrales de utilizar de forma «espuria», con fines electorales, la Ley de Partidos, que «no va a traer la paz ni va a ayudar a conseguir los acuerdos políticos».

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) exigió al Gobierno que «use todos los medios que el Estado de Derecho pone a su alcance para que los concejales de ANV no sigan ejerciendo sus funciones, disolviendo los Ayuntamientos en los que gobierna la formación ilegalizada y expulsándolos de aquellos en los que tienen cargos municipales». La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, manifestó que es una «noticia muy satisfactoria».