El fiscal pide la imputación por corrupción de la presidenta de Castilla y León

Gómez declaró que la Administración autonómica «no cumplió ni sus normas», ni «hizo caso» a los informes de sus técnicos al tramitar el proyecto urbanístico en la localidad abulense de Las Navas del Marqués, en un paraje protegido medioambientalmente por la propia Junta de Castilla y León.

El fiscal reveló que «desde el principio» de la investigación se ha planteado la responsabilidad de la consejera al observar «indicios de responsabilidad penal por un delito de prevaricación», ya que firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto para «favorecer al promotor» y de una forma «injusta, arbitraria y no razonada».

La vicepresidenta, que compareció en rueda de prensa en compañía del portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, y un abogado de la Administración autonómica, expresó que está «totalmente tranquila» y que, tras no ser consultada anteriormente, espera demostrar ante el juez que al firmar la declaración de impacto ambiental no prevaricó. «Mi única participación es la firma, yo no participo en ninguna otra fase», sentenció Ruiz, quien volvería a rubricar la declaración de impacto ambiental en los mismos términos que lo hizo en su día.

Por su parte, De Santiago-Juárez subrayó que la Junta de Castilla y León «no tiene duda alguna de la honorabilidad» de la vicepresidenta, quien en su opinión «está deseando que un tribunal la escuche».

La Junta de Castilla y León no comparte «para nada» el contenido del informe elaborado por la Fiscalía, un texto que conviene «no minusvalorar, pero tampoco sobrevalorar», por lo que el portavoz ha adelantado que no admitirán la petición de responsabilidades políticas por este caso, ni que se organicen «juicios paralelos».